Agricultores dicen que desde 2013 denuncian alianza entre violentistas de Chile y Argentina

Gremios del otro lado de la cordillera relatan que en las tomas de terrenos y propiedades se utilizan armas de fuego, pero distinguen que los atentados incendiarios no son habituales.

Desde enero de 2013, cuando se produjo el atentado contra el fundo Pisu Pisué de Río Bueno, en la Región de Los Ríos —–caso por el que el activista mapuche argentino Facundo Jones Huala cumple condena en Temuco—, gremios agrícolas de Chile y del país vecino comenzaron a reunirse y a concluir que existía una actividad coordinada, con cruces de frontera incluidos, de grupos radicalizados de ambos lados de la cordillera.

El tema ha vuelto al debate luego de que el sábado se produjera la detención, en territorio trasandino, de tres chilenos que portaban municiones y ropa mimetizada. Ante esa situación, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, reveló que, en la semana previa a ese operativo, se había reunido con el ministro de Seguridad de Argentina, Aníbal Fernández, para abordar la coordinación entre las policías de ambas naciones.

Según dirigentes agrícolas del sur de Chile, la alianza entre grupos radicalizados de ambos países se ha mantenido e incrementado en estos ocho años. Una mirada similar, aunque distinguiendo el tipo de métodos con que actúan estos grupos al otro lado de la cordillera, plantean sus pares argentinos.

Armas y drogas

‘Los gremios del sur hemos denunciado estos hechos desde hace muchos años, desde que se produjo la quema de unos galpones y amenazas contra personas en Pisu Pisué (en 2013), donde estuvo involucrado Facundo Jones Huala, que pertenece a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), que es un símil de la CAM (Coordinadora Arauco Malleco)’, recalca el presidente de la Sociedad Agrícola de Osorno, Christian Arntz.

El dirigente agrega que con sus pares gremiales argentinos de las zonas de Bariloche y Neuquén ‘empezamos a compartir información y, efectivamente, llegamos a la conclusión de que los dirigentes de estos movimientos violentistas viajaban desde Argentina y desde Chile, demostrando que se reúnen y se coordinan, lo que está más que acreditado con la participación de Jones Huala en atentados en Chile’.

Coincide el timonel de la Asociación de Agricultores de Malleco-Victoria, Sebastián Naveillán. ‘Llevamos muchos años planteando el tema del tráfico de armas y de drogas entre Argentina y Chile’, recalca el representante gremial. Solicita que ‘se ponga una mayor atención a la frontera, porque las detenciones ocurridas el sábado en Argentina demuestran que tenemos desplazamientos silenciosos de grupos terroristas, algo de enorme gravedad’.

En la misma línea, de un mayor resguardo en los límites binacionales, se manifiesta el presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabío), José Miguel Stegmeier: ‘Aquí se necesita un control fronterizo fuerte de ambos países. En este sentido, el tema del estado de excepción es fundamental, porque permitiría aproximarse a la cordillera con personal de las Fuerzas Armadas, con patrullajes terrestres y aéreos’, añade.

Martín Rapetti, dirigente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), reconoce que las acciones de grupos violentistas en el sur de su país aumentaron ‘hace un poco más de dos años, con invasiones de terrenos en Bariloche, Río Negro y otros sectores’. Si bien relata que ‘no han sido tan agresivos como en Chile, al extremo de quemar instalaciones, sí han utilizado armas’. Rapetti agrega que ‘muchas de las reivindicaciones están dirigidas a terrenos fiscales’.

El domingo pasado, su organización convocó en Bariloche a una manifestación para defender el derecho de propiedad y para exigir una mayor acción de la justicia para concretar los desalojos de ocupaciones ilegales.

Según Rapetti, ‘nos causó sorpresa que una autoridad chilena anunciara coordinaciones con representantes argentinos, porque no vemos al Gobierno involucrado en este tema’.

«Estos grupos todavía no son tan agresivos como en Chile, donde han quemado viviendas y maquinarias, pero sí usan armas de fuego y se toman terrenos privados’.

Martín Rapetti

Confederaciones Rurales Argentinas

Por la información que hemos recibido, y como es de público conocimiento, efectivamente hay un tránsito de gente que está sacando o internando algún tipo de armas’.

José Miguel Stegmeier

Sociedad Agrícola de Biobío

Martínez, a sus hombres en La Araucanía: ‘La tarea de ustedes está plenamente validada’

A bordo de vehículos blindados, y solo un par de horas después de que el Congreso aprobara extender el estado de emergencia en cuatro provincias de Biobío y La Araucanía, el comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, participó la noche del martes en los patrullajes nocturnos que sus hombres realizan en el sur.

Según se explicó desde la institución, la visita buscaba respaldar al personal desplegado en La Araucanía en apoyo a Carabineros y la PDI.

El recorrido incluyó 50 kilómetros de caminos interiores en Collico, Quechereguas y Pidima, así como la escuela Santa Rosa de la comunidad mapuche Ancapi Ñancucheo, en Ercilla. Se trata de la misma escuela donde trabajaban las profesoras que en noviembre de 2018 sufrieron el robo de sus vehículos a manos de encapuchados, incidente que derivaría en el homicidio de Camilo Catrillanca por disparos de funcionarios de Carabineros.

Junto al jefe de la Defensa Nacional en las provincias de Malleco y Cautín, general Lionel Curti, el comandante en jefe del Ejército se dirigió al Destacamento de Montaña N° 8 ‘Tucapel’ para reunirse con la Fuerza de Tarea integrada por unidades de la III División de Montaña y de la Brigada de Operaciones Especiales. Allí les planteó ‘el reconocimiento del Ejército, de la región y del país entero’ por la labor que realizan. Martínez les recalcó que están siendo empleados en el marco de la Constitución y las leyes, que el Estado ‘tiene derecho de hacer uso de instituciones como el Ejército para llevar paz’ y que ‘la tarea de ustedes está plenamente validada’. Y concluyó: ‘Lo que les pido y exijo es que tengan un comportamiento profesional, sin faltar al arrojo y decisión cuando deban emplearse’.

Además, Martínez fue informado respecto de las acciones de apoyo tecnológico, logístico, de transporte y de vigilancia que se realizan en colaboración a las policías para mantener el orden público y brindar seguridad en la zona. Luego de 27 días de vigencia del estado de emergencia, hasta el martes el desglose abarcaba 500 patrullajes terrestres, 260 puntos de fiscalización, 16 mil controles vehiculares y 11 mil chequeos de identidad.

Descartan extender estado de excepción hacia otras regiones

Luego que el martes el diputado RN por Los Lagos Harry Jürgensen y la senadora UDI por Los Ríos Ena von Baer votaran a favor de prorrogar el estado de excepción constitucional en Biobío y La Araucanía y pidieran extender la medida hacia sus respectivas regiones, el Gobierno explicó que la evaluación en esas zonas no es similar a aquellas donde se decretó la medida.

El coordinador de la macrozona sur, Pablo Urquízar, expuso que ‘la causal que fundamenta el estado de emergencia es la grave alteración del orden público producido por el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado’. Advirtió que ‘en la Región de Los Lagos los hechos de violencia, en comparación con el mismo período del año pasado, se han reducido un 47%’, y que ‘en relación con Los Ríos, los atentados incendiarios se han reducido en un 27% y los ataques a Carabineros, en un 50%’.

Urquízar aseguró que, ‘sin perjuicio de que se han producido hechos de violencia en ambas regiones y estamos trabajando con las autoridades regionales y policiales las diversas estrategias, no existe un estado de emergencia preventivo’. Recalcó que ‘lo anterior no obsta a que siempre se vaya evaluando las situaciones’.

El presidente de la Sociedad Agrícola de Osorno, Christian Arntz, recordó que los gremios de esas zonas han pedido más seguridad ante las autoridades, dado el avance de las acciones de violencia hacia esos territorios, las que podrían incrementarse dada la focalización de la presencia militar en Biobío y La Araucanía.

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