Diario Austral Los Ríos
NUEVA LEGISLACIÓN. Desde la organización destacaron que se trata de «un avance relevante en materia de protección a las víctimas de ocupaciones ilegales».
Por medio de una declaración pública, la ONG Campo Seguro destacó la reciente aprobación por parte del Congreso Nacional de la denominada Ley de Usurpaciones, iniciativa que regula y sanciona los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles.
En esa línea, la organización que agrupa a cinco gremios agropecuarios de las regiones de Los Ríos y de Los Lagos (Aproval, Saval F.G., Aproleche, Sago y Agrollanquihue) la calificó como un avance relevante en materia legislativa y de protección a las víctimas de ocupaciones ilegales.
Desde la ONG resaltaron que hace 14 años se ingresó el primer boletín al respecto y que gracias a la prioridad de discusión legislativa, en estos últimos meses se cumplió con la necesidad de actualizar la legislación para prevenir y sancionar a usurpadores de terrenos para loteos irregulares, ocupación de viviendas y de predios agrícolas para presionar con su adquisición a través de Conadi.
Entre los aspectos más relevantes aprobados, destacan que se establece la flagrancia permanente (que antes era de sólo 12 horas); se impone la pena de prisión en ocupaciones no violentas y violentas, aspecto relevante para que el Ministerio Público utilice medidas de protección; establece la legítima defensa privilegiada; y sanciona con multas a quienes destruyan o alteren los límites e instalen demarcaciones o banderas para manifestar intención de posesión.
El gerente de la ONG Campo Seguro, Francisco Muñoz, subrayó que «para nosotros es tremendamente relevante la mejora legislativa en este delito de afectación directa al ámbito agropecuario y de un acoso permanente en el caso de usurpadores colindantes a las víctimas. A su vez, lamentamos, que el Gobierno anuncie vetar la aprobación del Congreso sobre uso de legítima defensa privilegiada, que se utiliza del mismo modo en el caso de un «robo con fuerza o violencia».
Algunas cifras
De acuerdo a lo informado por ONG Campo Seguro, «desde 2018 a 2022 se registraron 162 ocupaciones en la macro zona sur (53 de ellas con uso de violencia), resultando en tan sólo tres sanciones de multa con un período de recuperación vía civil que supera los tres años. Esta situación sin duda ha afectado la seguridad de los agricultores y sus familias, así como también de sus trabajadores».
