CÁMARA DE DIPUTADOS. Desde la ONG Campo Seguro que agrupa a cinco organizaciones de Los Ríos y Los Lagos, aseguran que se desconoce violencia de esos delitos. Presidente de Agrollanquihue dijo que era la oportunidad para robustecer normativa.
No dejó a todos satisfechos la aprobación en la Cámara de Diputados del veto del Gobierno a la Ley de Usurpaciones, con lo que está en condiciones de ser promulgada por el presidente Gabriel Boric.
La legítima defensa privilegiada incluida en el proyecto aprobado originalmente, así como la imposición de penas de cárcel para los usurpadores, sin importar si se trata de un acto violento o no, quedaron fuera de la norma.
Eso sí, las penas quedarán sujetas al criterio del juez y -de ser verificado el ilícito- variarían desde 541 días a los cinco años de presidio.
En opinión de la ONG Campo Seguro, que representa a cinco gremios agropecuarios de las regiones de Los Ríos y de Los Lagos, la votación en la Cámara Baja desprotege a las víctimas de estos delitos, así como desconoce la violencia que se ejercen esos hechos y delitos asociados.
Francisco Muñoz, gerente y vocero de esa organización no gubernamental, expresó que «en predios en los que se han realizado desalojos, en que las víctimas colindan con terrenos que residen personas violentas, continúan las hostilidades, amenazas, ingreso intermitente de personas y de animales a los predios de las víctimas, provocando un desuso de esos terrenos y con eso la consecuente pérdida de empleo y productividad».
Puntualizó que desde 2018 que en la macrozona sur se han registrado 211 usurpaciones. Pero, -hasta el año 2021- sólo en tres casos se aplicaron sanciones de multa.
En las regiones de Los Ríos y de Los Lagos, han contabilizado 26 usurpaciones sobre predios silvoagropecuarios, siete de los cuales se mantienen bajo esa condición «ya que los mecanismos legales existentes impiden una restitución efectiva de los predios», reclamó Muñoz.
Sobre los efectos de esta votación, estableció que «han perdido las víctimas -productores agropecuarios, trabajadores y sus familias- al desperdiciar la oportunidad de otorgar seguridad, no solamente en su espacio laboral, sino que en gran parte de los casos, sus residencias familiares».
El vocero de Campo Seguro añadió que resulta desfavorable la exclusión de la pena de cárcel a la usurpación, en cualquiera de sus formas; así como la facultad otorgada a los tribunales para calificar el tipo de usurpación perpetrada.
Muñoz valoró que en esta discusión parlamentaria se haya avanzado en cuanto a la calificación de la usurpación como un delito y no como falta, «lo que permitirá aplicar medidas cautelares más efectivas como alejamiento, arresto, vigilancia y otras, además de extender la flagrancia a permanente en este delito, a diferencia de aplicación jurídica actual que la limitaba a 12 horas».
OPORTUNIDAD PERDIDA
Al ser requerida la opinión de la Asociación Gremial de Empresarios Agrícolas de la Provincia de Llanquihue (Agrollanquihue), su presidente, Eduardo Schwerter, admitió que lo aprobado en el Congreso «generaría un escenario legal más favorable que el de la legislación actualmente vigente»; pero, también lamentó «que se haya perdido la oportunidad de tener una normativa mucho más robusta y disuasiva, como era la que se despachó originalmente».
El productor puertovarino difiere de la distinción que se hizo de este delito. «Las autoridades deben entender que la situación que viven los agricultores en los campos que han sufrido usurpaciones, es siempre violenta, hecho que no puede quedar a una simple interpelación o arbitrio de la justicia, la que muchas veces carece de la suficiente coherencia».
Con todo, Schwerter se mostró esperanzado en «que las autoridades utilicen más efectivamente las nuevas herramientas que se estarían generando con estas modificaciones legales y que así sean cada vez menos las víctimas que sufran en ‘carne propia’ la vulneración permanente y sistemática del Estado de Derecho en nuestro país».
Al ser requerido un pronunciamiento a la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (Sago), se explicó que durante el día no fue posible que un dirigente se refiriera al caso. Mientras que desde la Sociedad de Agricultores de Chiloé, tampoco hubo comentarios al respecto, al no disponer de todos los antecedentes para emitir un opinión fundada.
