El Llanquihue
PREDIOS AGRÍCOLAS. La mayor preocupación radica en la definición de toma «pacífica» o no violenta, para lo que el Gobierno presentó una observación que permite aplicar multas.
En la Comisión de Seguridad del Senado comienza la tramitación del veto presidencial presentado el viernes al proyecto de ley de usurpaciones, para el que el Ejecutivo presentó 14 observaciones, en la búsqueda de hacer cambios a la iniciativa.
Una de ellas es la relacionada a la denominada «usurpación pacífica» que plantea el Gobierno, en la que no hay violencia o intimidación, ante lo que un juez definirá si se aplica una pena de presidio menor en su grado mínimo o una multa.
Para Rodrigo Mardones, gerente de la Asociación Gremial de Empresarios Agrícolas de la Provincia de Llanquihue (Agrollanquihue), ese aspecto «pone en riesgo la tipificación del delito (…). La usurpación es siempre violenta. Cuando se accede a un lugar que es propiedad privada, es un acto de violencia. Nos preocupa que ese aspecto del veto, sea rechazado».
Al contextualizar la posición del gremio, Mardones recordó que «ante lo que está pasando en la zona sur, que lleva años, ha sido muy complejo defender a las víctimas. Hay casos realmente dramáticos, con muertes inclusive».
A nivel local, mencionó la toma en 2022 de un predio en Línea Pantanosa, en Frutillar, «donde un socio nuestro no ha tenido la posibilidad de trabajar su campo como corresponde (…). Este tipo de hechos son delitos, generan víctimas y consecuencias para toda la vida, para mucha gente. No pueden quedar impunes».
Mardones afirmó que les inquieta que por tratarse de una ocupación «pacífica», no se le permita actuar a la policía «y que deje esto finalmente a cargo de un tribunal que pueda verlo de una manera distinta y con una opinión bastante subjetiva».
Datos regionales
De su lado, Francisco Muñoz, gerente de la ONG Campo Seguro, organización que conforma cinco gremios de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, apuntó que en el veto se incluyó temas en los que el sector se siente afectado, como sancionar con multa la usurpación no violenta, lo que impediría dictar una orden de alejamiento o que Carabineros detenga a los usurpadores.
El ex gobernador de Llanquihue especificó que en la macrozona sur han existido 184 usurpaciones, pero que en sólo tres casos ha habido multas.
Remarcó que a nivel regional han existido nueve tomas de predios agrícolas en los últimos tres años, de los cuales cuatro se mantienen vigentes en San Juan de la Costa (2), Puerto Octay y en Fresia, este último sólo con banderas.
Sobre ese caso en la provincia de Llanquihue, precisó que se vio afectado un emprendedor que no pudo vender ese terreno en parcelas.
En cuanto al fundo de Línea Pantanosa, recordó que la comunidad que lo ocupaba «presionó al particular para vender ese predio a la Conadi».
Muñoz se mostró esperanzado en que «en el Congreso se pueda revertir este veto presidencial», amparado en «anuncios de partidos políticos de centro y de centroderecha».
Frente a la observación para aplicar multas en casos de usurpaciones no violentas, el gerente de Campo Seguro reconoció que «fue una sorpresa», ante lo que planteó que «el Gobierno debería tener presente que más allá de la ocupación tipificada como pacífica del inmueble, en este ámbito existen amenazas, coerciones y otros hechos que se producen sobre trabajadores y agricultores en los predios», ya que queda suspendida la actividad agrícola en esos campos tomados.
Desconexión
Para el presidente de la Multigremial de Los Lagos, Héctor Henríquez, el veto del Gobierno «es preocupante como señal, porque no sólo va en contra de la voluntad expresada por la ciudadanía y manifestado en la decisión del Congreso, sino que además minimiza las usurpaciones en general».
Henríquez especificó que la mayor inquietud «es que se haya reducido la usurpación ‘no violenta’ -que no existe-, a una multa», por lo que exigió contar con «una ley que asegure una adecuada y efectiva persecución y sanción penal».
El líder de la Multigremial de Los Lagos afirmó que advierten «cierta desconexión del Ejecutivo con una realidad que, en el caso de la macrozona sur, nos afecta y mucho. Abogamos para que el sentido común se imponga, y logremos tener una ley que nos proteja a todos», sostuvo el personero.
