El Mercurio – Revista del Campo
El director general de Aguas, Rodrigo Sanhueza, plantea que están abocados a implementar las obligaciones que impone el nuevo Código de Aguas. Explica que la inscripción de derechos pasó de 6 mil al año a 20 mil y que están apoyando para que se pueda cumplir con el plazo de 18 meses.
Para la Dirección General de Aguas, el 6 de abril marcó un hito. Fue el día en que entró en vigencia el nuevo Código de Aguas, el que introdujo una serie de modificaciones, incluida la obligación de inscribir los derechos de aprovechamiento de agua en un plazo de 18 meses. ‘El desafío en que venimos trabajando es en implementar esas modificaciones’, dice Rodrigo Sanhueza, director del organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas.
Explica que en el Código de Aguas se agregan, entre otras cosas, la priorización del uso y el abastecimiento para el consumo humano y de los usos ecosistémicos.
‘Por lo tanto hoy día, la mirada de la administración del recurso agua no solamente está basada en entregar derechos de aprovechamiento, sino que tiene una lógica, que es el abastecimiento de la población y buscar la armonía entre los otros usos. Y entre ellos están todos los productivos, incluida la agricultura, y también los otros usos sustentables, como, por ejemplo, aquellas aguas que se usan para el turismo y preservación’.
También explica que la modificación del 2005 hizo un guiño a la administración del agua; la del 2018 habló principalmente de fiscalización y sanción, en tanto las principales modificaciones de 2022 ‘están asociadas a la gestión del agua, en cómo priorizamos el consumo humano, en cómo fortalecemos las organizaciones de usuarios, en cómo lidiamos con el tema ecosistémico en cada una de las cuencas, y en particular en cómo hacemos referencia a la integridad entre las aguas, la tierra y las comunidades indígenas, esto último está mencionado muy poquito, pero está. El artículo quinto así lo menciona’.
—La DGA es la encargada de cumplir con la fiscalización del buen uso del recurso. ¿Cómo lo enfrentan en el nuevo escenario?
—Estos cambios significan que los tenedores de derechos de aprovechamiento de agua tienen la obligación de catastrar sus usos en el sistema de monitoreo efectivo de extracciones.
‘Por lo tanto, sobre esa información hoy nosotros realizamos fiscalizaciones asociadas a la información que ellos entregan, pero no mirando solo al que efectivamente está cumpliendo con la normativa, sino principalmente buscando a quien no está cumpliendo’.
—¿Cuál es la priorización?
—La DGA tiene que fiscalizar del orden de 130 mil derechos, según el registro que está en la página, y más, porque se van incorporando día a día. Este es un registro móvil y dinámico respecto de la información que se va entregando por parte de los usuarios, pero también por la de los conservadores y notarios correspondientes, los que desde la modificación del año 2005 tienen la obligación de informar a la DGA las transferencias, las transacciones y las inscripciones de nuevos derechos de aprovechamiento. Esa información la procesamos, generamos esta base de datos que está en la página, y sobre esa plataforma ya tenemos un registro de donde podemos saber quiénes son los que tienen derechos de aprovechamiento de agua, quienes son los que tienen que catastrar en el monitoreo efectivo de extracciones, pero también van a estar aquellos que, a pesar de que están en el listado, hoy no están usando el agua y por lo tanto, sabemos que son los primeros a los cuales tendríamos que fiscalizar.
—¿Tienen capacidad para fiscalizar todo el territorio?
—La dotación de personal que tiene la DGA a nivel nacional es del orden de 650 funcionarios, que desarrollan diferentes tareas como fiscalización, hidrología, otorgamiento de derechos de aprovechamiento y otras áreas, porque hay que diferenciar las áreas del nivel central y del nivel regional.
‘Pero con los profesionales que hay en el territorio es imposible lograr fiscalizar estos 130 mil derechos. Por lo tanto, también hay que saber por dónde empezar. Por dónde empezar, en materia de fiscalización; está por un lado aquellos que son denunciados, a través de un proceso de fiscalización que está regulado y que, cuando uno entra a la página está el formulario de cómo se ingresa y de cuál es el procedimiento. Pero también están las fiscalizaciones nuestras, las que realizamos de oficio y que están relacionadas al cumplimiento, por ejemplo, del monitoreo efectivo de extracción.
—El Código también señaló que la DGA tiene que desarrollar nuevos reglamentos…
—Tenemos el desafío de generar cinco nuevos reglamentos, como el asociado a los planes estratégicos de recursos hídricos, pero que está pensado, justamente, en los Consejos de Cuencas, es decir en una gobernanza distinta a lo que hasta hoy se ha estado haciendo.
‘El Ministerio de Obras Públicas es parte del Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa, donde están Agricultura, Medio Ambiente, que lo lidera, Ciencias, Energía y Minería. En él se ha establecido que es necesario modificar la institucionalidad en materia de gobernanza de aguas y como experiencia piloto hemos hablado con las gobernaciones a nivel nacional y cada una ha definido una cuenca para realizar el Consejo de Cuenca piloto’.
—¿Distintos de las actuales mesas del agua?
—No son mesas del agua. Lo que tiene por objetivo el Consejo de Cuencas es conversar con aquellos que tienen derechos de aguas y también con los que no los tienen. Aquí entramos en conversaciones con la sociedad civil, con la academia, con las organizaciones no gubernamentales. Y hoy día con las gobernaciones, los municipios, es decir, con los gobiernos locales.
‘Cuando se mira el mapa, somos más de 4 mil kilómetros de longitud. Tenemos situaciones meteorológicas y de condiciones hídricas distintas, comparar una región del norte con una austral no tiene ningún sentido’.
—¿La labor de esos Consejos de Cuencas no se cruza con la de las organizaciones de usuarios?
—De parte de la agricultura, hay algo de temor de que estos Consejos de Cuencas van a quitar atribuciones a las Organizaciones de Usuarios del Agua (OUA) y no es así, es importante señalarlo.
‘Las OAU tienen sus competencias establecidas por ley y prevalecen de manera paralela a lo que estamos instalando como un Consejo de Cuenca, piloto además.
Estas no son instancias vinculantes, son de participación de los actores, de todos. Nadie está fuera. Cómo se vayan incorporando en el camino, va a depender del aprendizaje de cada una de las cuencas. Cada realidad del territorio es distinta, cada cuenca tiene actores similares, pero también diferentes en cómo ven el recurso agua. Cuando hablo, por ejemplo, del salar de Atacama, donde muchos usuarios son de comunidades indígenas, tiene una realidad completamente distinta a la cuenca del río Maule, donde tengo mucha producción agrícola, con usuarios que son históricos de la cuenca’.
—Pero las organizaciones de usuarios funcionan.
—Hoy en aguas superficiales hay organizaciones de usuarios que funcionan, pero son las grandes juntas de vigilancia. Cuando se va a una comunidad pequeña, solo se reúnen para hacer la limpieza antes de empezar el riego, pero después la organización se pierde. No mantiene su continuidad.
— Eso ha avanzado…
—Ha avanzado, pero cuando se hace el levantamiento de cuáles son las que efectivamente están trabajando, son muy pocas porque en definitiva hay que meterle más ingeniería, más estudios a cómo se administra, por ejemplo, el caudal disponible en la cuenca.
‘Por ejemplo, con el secretario ejecutivo de la CNR, tuvimos una reunión y estamos mirando dónde focalizar los esfuerzos: en monitoreo de extracciones, en mejoramiento de canales, en organización de usuarios. Con la gente de nuestro territorio sabemos qué se necesita en cada cuenca, fiscalización de extracciones, organizaciones de usuarios, por ejemplo… Hay muchas organizaciones que funcionan, pero solo en el período de riego. Entonces, hay una brecha y todavía existe una oportunidad de avanzar en esto. Y en esta oportunidad el trabajo colaborativo con la gente de la CNR y el Indap es importante’.
Plazos perentorios
—El Código incluye plazos, como los de la inscripción de los derechos de aprovechamiento de aguas, que son urgentes.
—La ley establece plazos, por ejemplo, para los usuarios que han tenido siempre derechos de aprovechamiento y que no han sido catastrados en la DGA, o inclusive no han sido inscritos en los Conservadores de Bienes Raíces, para que lleven estos derechos, los inscriban, los catastren y los traigan a la DGA, para que sean incorporados al Registro de Aprovechamiento que tiene el servicio.
‘Esto es importante porque posterior a los 18 meses de plazo establecidos, comienzan los plazos para que la DGA evalúe los términos de caducidad en caso de no inscripción de los derechos y para aquellos que no han registrado, por ejemplo, las obras por las cuales captan esos derechos, empiezan a correr los plazos de revisión de extinción’.
—Se sabe que el plazo es de 18 meses, de los que hoy quedan menos de un año para inscribir los derechos de aprovechamiento. ¿Ha aumentado el ingreso en el registro?
—A la unidad de Catastro Público del agua llegaban del orden de 6 mil solicitudes de inscripción al año. Hoy tenemos 20 mil. Eso nos habla de que está ingresando la información. La dificultad, que ya la han planteado algunas juntas de vigilancia, es que a veces cuando el usuario va, por ejemplo, al conservador a buscar la copia de su título, le dicen venga en dos o en un mes, y a veces vuelve y no está y tiene que volver de nuevo.
‘Ahí también hay cierta información y nosotros como DGA ya estamos oficiando a los conservadores diciendo ‘aquí hay un plazo acotado de 18 meses, por favor preocúpese de esto…’.
Allí hay una brecha que hoy estamos estudiando para ver cómo vamos a abrir el abanico de posibilidades, para favorecer al usuario que es pequeño agricultor…’.
¿Qué pasa con las aguas subterráneas?
—Dentro de nuestro presupuesto hemos apalancado ciertos proyectos que han permitido empezar a hacer el levantamiento para la constitución o conformación de comunidades de aguas subterráneas.
—¿Por qué ha sido tan complejo conformarlas?
—…Solo un ejemplo, en la Región Metropolitana, el acuífero de Santiago central tiene más de mil usuarios. ¿Te imaginas qué significa organizarlos? Eso se repite en todas las regiones.
‘De los 130 mil derechos otorgados, aproximadamente el 40% son derechos subterráneos.
Y en materia de disponibilidad hídrica, cuando se hace el recorrido de Chile, prácticamente el agua superficial está agotada en casi todas las cuencas desde Arica hasta la Región de La Araucanía. Lo único que te va quedando disponible es agua subterránea. Sabemos que la lógica de la gobernanza de las aguas superficiales ha sido deficitaria, por lo tanto aquí es prioritario fortalecer la conformación de comunidades de aguas subterráneas. A nivel nacional las Comunidades de Aguas Subterráneas son menos de 50 las conformadas y tenemos más de 530 sectores acuíferos’.
