Diario Austral Región de los Ríos
FORMALIZACIÓN. El Juzgado de Garantía de Los Lagos dictó una orden de alejamiento para imputados, No pueden acercarse a propietarios, ni a predios.
La ONG Campo Seguro destacó la medida cautelar impuesta por el Juzgado de Garantía de Los Lagos, en contra de dos personas que participaron de la usurpación de dos predios agrícolas en la comuna de Máfil.
Los hechos se remontan a diciembre de 2021, cuando los imputados identificados como Gladys Huichalaf y Miguel Catrilaf, participaron de la ocupación ilegal de dos predios ubicados en el sector de Mulpún, donde además amenazaron a los propietarios y trabajadores.
Más detalles entregó el gerente de la ONG Campo Seguro, Francisco Muñoz, quien recordó que «este caso deriva de la usurpación ocurrida el 5 de diciembre de 2021 en la cual no solamente se ocuparon los terrenos de dos propietarios agrícolas, sino las personas ocupantes profirieron amenazas en contra de sus integridad física, así como también de trabajadores y sus familias».
Y agregó: «Frente a la denuncia de parte del abogado de la ONG Campo Seguro, el Juzgado de Garantía de Los Lagos decretó la medida cautelar de orden de alejamiento hacia las víctimas y los predios involucrados, en contra de dos personas que fueron imputadas por este delito de amenazas».
El gerente recordó que con la legislación actual, «la usurpación no tiene sanción de prisión, por lo que estas medidas (cautelares) corresponden a delitos que acompañan normalmente este tipo de ocupaciones, en que su producen amenazas en contra de los residentes de estos predios. De hecho, desde 2021 estos propietarios han sido hostigados frecuentemente por parte de personas que viven alrededor».
«El último hecho ocurrió hace tres semanas, en la cual los mismos integrantes de esta comunidad ocuparon el predio de un nuevo vecino. Lamentablemente, el hostigamiento permanente impide que propietarios y trabajadores puedan ejercer las labores normales en el campo. Los predios están siendo ocupados intermitentemente por personas de esta comunidad», añadió.
No obstante, Francisco Muñoz destacó «esta medida de alejamiento llega casi dos años después del hecho, pero nos da una ventaja jurídica importante, y si se incumple pueden recibir cautelares más extremas».
Y complementó: «La legislación actual sólo sanciona la usurpación con multas, no es posible detenerlos ni implementar medidas cautelares más estrictas. En la ley aprobada en el Congreso a fines de septiembre, sí se tipifica como delito la usurpación, y eso permite medidas cautelares contra los usurpadores. El veto presidencial puso en riesgo el futuro de esta legislación, y puede quedar en letra muerta».
