Luego de casi 11 años de tramitación en el Congreso, en un contexto nacional de grave escasez hídrica, recientemente entró en vigencia la reforma al Código de Aguas. Algunas modificaciones realizadas han despertado gran inquietud en varios sectores productivos altamente dependientes de este recurso tales como el sector agrícola.
En términos generales, la reforma apunta en la dirección correcta al reforzar el carácter de bien público del agua, consagrando el derecho de acceso al agua como un derecho humano esencial e irrenunciable que deberá ser garantizado por el Estado.
Sin embargo otorga excesivas facultades a la autoridad competente -la Dirección General de Aguas (DGA)- para imponer limitaciones y restricciones a su ejercicio, lo que no necesariamente asegura el óptimo uso del recurso hídrico y abre un gran espacio de discrecionalidad lo que opera en perjuicio de proyectos de inversión de largo plazo que requieren de certeza jurídica para poder desarrollarse.
Uno de los grandes desafíos que impone la nueva normativa se relaciona con la institucionalidad. La ampliación de las atribuciones de la DGA exige una autoridad que cuente con la tecnología, información y herramientas de gestión necesarias para tomar decisiones vinculantes sobre materias de difícil aplicación práctica (¿Qué se entiende por «preservación ecosistémica»? ¿Cuáles serán los criterios para establecer caudales mínimos ecológicos?, ¿Existen los recursos suficientes y la tecnología para garantizar procedimientos administrativos ágiles y eficientes?).
Una gestión hídrica sustentable exige una institucionalidad técnicamente competente, robusta y coordinada. Asimismo, es indispensable que la autoridad entregue a los usuarios los incentivos suficientes para promover un uso eficiente del agua, lo que no es sinónimo de asegurar un suministro de agua gratuito ni menos aún de eliminar la participación del sector privado en su administración.
En este sentido soluciones como las que han sido planteadas en la Convención Constituyente que proponen precarizar aún más el derecho de propiedad del agua estableciendo una suerte de permiso temporal administrativo de uso, solo contribuirán a reducir las inversiones que son claves para aliviar la crisis hídrica que hoy enfrenta nuestro país.
Catalina Konow, abogada asesora Aproleche Osorno
Fuente: Austral Osorno
