Esta semana fuimos testigos de nuevos desmanes y violencia desmedida en las calles. La ciudadanía se ha expresado de manera silenciosa pero constante en el último tiempo: la seguridad ante la delincuencia es hoy la máxima prioridad, y los chilenos sabemos que el camino no es ni será nunca la violencia.
Uno de los grandes problemas para alcanzar acuerdos como sociedad, era que la violencia quedara legitimada como medio para instalar demandas o manifestar descontento social. Pero las últimas encuestas señalan que la mayoría no valida la violencia como medio. Así, ante la pregunta «Qué tan de acuerdo está con esta frase: la quema de infraestructura pública y los saqueos son necesarios para llamar la atención de las autoridades», un 86% de los encuestados señalaron estar en desacuerdo o muy en desacuerdo (encuesta Instituto UNAB).
A su vez, las cifras de inseguridad, delincuencia y terrorismo han aumentado preocupantemente en todo el país. Casi el 60% de los locatarios ha sufrido algún tipo de delito (encuesta de Victimización de la Cámara Nacional de Comercio); los homicidios han escalado un 28,7%% en el primer semestre de 2022, respecto al mismo periodo del año anterior (fuente PDI); y pese al incremento de los actos terroristas en la macrozona sur, apenas cuatro personas han sido formalizadas en las más de 110 investigaciones abiertas por hechos de violencia rural en las regiones del Bío Bío y La Araucanía, en los primeros cinco meses de este 2022.
Frente a esto, los civiles que han optado por adquirir armas de fuego para asegurar su autodefensa, pasando por arduas evaluaciones psiquiátricas y trámites burocráticos con el fin de inscribirlas, hoy ven como el Gobierno busca avanzar en un desarme de la población civil, en vez de poner acento en confiscar las armas ilegales en manos de delincuentes.
Desde el gremio vemos instalado un problema multisistémico ante la violencia y la delincuencia: una falta de voluntad política, un insuficiente apoyo a las policías, y un poder judicial debilitado, que no cuenta con las herramientas legales necesarias. Es urgente que el mundo político escuche, entienda y empatice con la ciudadanía, la cual ya no puede esperar más por soluciones concretas, para que sus familias puedan vivir en un país más seguro, y con menos violencia.
Alejandro Rudloff, director de Aproleche Osorno
Austral Osorno
