Austral Osorno
«El Estado no puede ser cómplice de que vía actos de violencia se presione y acorrale a los productores a vender su propiedad para beneficiar a grupos violentos».
Francisco Muñoz Le Breton, ONG Campo Seguro
El año 1993 se aprobó la Ley de Desarrollo Indígena que, entre otras medidas, establece la adquisición de tierras para comunidades indígenas que cumplan ciertos requisitos para iniciar un proceso de reivindicación. Desde su aplicación, el gasto del Estado en esta política, actualizado a septiembre del año 2023, asciende a mil 200 millones de dólares. En tanto, la superficie adquirida por este programa alcanza las 358 mil 756 hectáreas en las Regiones del Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Lo que resulta del todo irregular, y hoy ilegal, es que se realicen adquisiciones de propiedades que han sido previamente violentadas a través de amenazas e intimidaciones a propietarios y trabajadores. Ataques incendiarios a viviendas, bodegas y vehículos y el recurrente uso del delito de usurpación, perpetrándose desde el año 2020 mil quinientos actos de este tipo de hechos en la Macro Zona Sur.
Desde el año 2023, la Ley de Presupuestos de la Nación aprobada por el Congreso para la adquisición de tierras, dispone de una glosa que prohíbe la compra de propiedades que estén de alguna forma perturbadas. Lamentablemente, y a nuestro juicio, ilegalmente, se ha conocido públicamente que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) adquirió una propiedad de mil 200 hectáreas en la comuna de Galvarino, en la cual se habían perpetrado, entre otros hechos violentos, ataques incendiarios a maquinarias, vehículos y la vivienda principal.
Aproleche, como socio integrante de la ONG Campo Seguro, junto a los gremios de Saval, Aproval, Sago y Agrollanquihue, gestionará a través de nuestra ONG un pronunciamiento de la Contraloría respecto a esta adquisición por parte de la Conadi, además de insistir ante parlamentarios representantes de nuestras regiones e integrantes de las Comisiones de Seguridad del Congreso para la pronta tramitación de la Ley Antiterrorista y la mejora de la nueva Ley de Usurpaciones.
El Estado de Chile no puede ser cómplice de que vía actos de violencia se presione y acorrale a los productores agropecuarios a vender su propiedad para beneficiar a grupos violentos que mal utilizan la mal llamada «causa indígena».
