Como un avance relevante en materia legislativa y de protección a las víctimas de ocupaciones ilegales calificó Francisco Muñoz, gerente de la ONG Campo Seguro, la aprobación en el Senado del proyecto de ley que regula y sanciona los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles. Luego de 14 años desde el ingreso del primer boletín presentado al respecto y a la prioridad de discusión legislativa en estos últimos meses, se cumple con la necesidad de actualización legal para prevenir y sancionar a usurpadores de terrenos para loteos irregulares, ocupación de viviendas y de predios agrícolas para presionar con su adquisición a través de CONADI.
Desde el año 2018 al 2022, se produjeron 162 ocupaciones en la macro zona sur -53 de ellas con el uso de la violencia- resultando en tan sólo 3 sanciones de multa con un período de recuperación vía civil que supera los 3 años, constatándose casos con más de 10 años de ocupación ilegal. Esta situación afecta la seguridad de agricultores, sus familias y trabajadores y el derecho a desarrollar una actividad económica lícita y de aporte relevante a la producción del País.
Entre los aspectos más relevantes aprobados, es que se establece la flagrancia permanente, que hasta hoy era de sólo 12 horas; se impone la pena de prisión en ocupaciones no violentas y violentas, aspectos relevantes para que el Ministerio público utilice medidas de protección hacía el predio usurpado; la legítima defensa privilegiada; y las sanciones con multas a quienes destruyan o alteren los límites e instales demarcaciones o banderas para manifestar intención de posesión.
En este sentido, Francisco Muñoz se refirió a la relevancia de la actualización legislativa para mejorar la actual desprotección de las víctimas y trabajadores, debido a la violencia e intimidación utilizada en estas acciones.
“Para nosotros es tremendamente relevante la mejora legislativa en este delito de afectación directa al ámbito agropecuario y de un acoso permanente en el caso de usurpadores colindantes a las víctimas y a su vez, lamentamos, que el Gobierno anuncie vetar la aprobación del Congreso sobre uso de legítima defensa privilegiada, que se utiliza del mismo modo en el caso de un “robo con fuerza o violencia””, enfatizó Muñoz.
Campo Seguro es una organización sin fines de lucro conformada por Aproleche, SAGO, Aproval, SAVAL F.G y Agrollanquihue, cuyo objetivo surge por la necesidad de representar y plasmar los intereses de los agricultores de las regiones de Los Ríos y Los Lagos.
