Flexibilidad laboral: escuchar antes de decidir

Desde Aproleche Osorno hemos sostenido en reiteradas ocasiones que las mejores políticas públicas son aquellas que se construyen escuchando a quienes conocen la realidad del territorio.

Y eso vuelve a quedar de manifiesto con el debate que hoy existe sobre la flexibilidad laboral.

El proyecto que ingresó al Congreso propone ampliar el período para distribuir la jornada de 40 horas.

Para la mayoría de los sectores, ese cálculo podría hacerse en un plazo de hasta 16 semanas.

En cambio, para el turismo se establece un régimen especial que permite extender ese período hasta 52 semanas, porque se reconoce que es una actividad marcada por temporadas altas y bajas.

Además, ese mecanismo no exige una negociación colectiva, sino que puede acordarse directamente entre el empleador y el trabajador, otorgando mayor flexibilidad para adaptarse a la realidad de la actividad.

Y ahí surge una pregunta que desde el mundo agrícola parece inevitable: ¿por qué esa misma lógica no se aplicó también para nuestro sector? Quienes vivimos y trabajamos en el campo, sabemos que la agricultura no funciona de acuerdo con el calendario, sino con los ciclos de la naturaleza.

En la lechería por ejemplo, las vacas deben ordeñarse todos los días del año, sin importar si es domingo, feriado o Navidad.

Hay épocas en que el trabajo aumenta por razones propias de la producción y otras en que disminuye.

Esa es la realidad del campo.

Sin embargo, esa realidad pocas veces está presente cuando se generan nuevas leyes.

Como gremio, no cuestionamos que el turismo requiera herramientas distintas para enfrentar su estacionalidad.

Al contrario, nos parece positivo que la legislación reconozca las particularidades de cada actividad.

Lo que cuesta entender, es por qué ese mismo criterio no se aplicó a un sector que convive con esa estacionalidad desde siempre y que también necesita herramientas para organizar mejor el trabajo, respetando plenamente los derechos de sus trabajadores.

Porque aquí no se está hablando de trabajar más horas.

El proyecto mantiene el límite de 40 horas ordinarias semanales.

Lo que cambia es la forma de distribuirlas dentro de un período más amplio, para adaptarse mejor a la realidad de cada actividad.

Esta discusión deja una lección que va más allá de este proyecto.

Cuando las leyes se elaboran sin escuchar a quienes viven esa realidad día a día, es fácil que queden incompletas.

Lo hemos visto antes en temas como la seguridad rural, la gestión del agua y otras materias que afectan directamente al mundo agrícola.

Chile necesita una legislación laboral moderna, que proteja a los trabajadores, pero que también entienda cómo funcionan las actividades productivas.

Eso no significa pedir privilegios para el agro.

Significa legislar con sentido de realidad, entendiendo que detrás de cada predio hay personas que trabajan todos los días para producir los alimentos que llegan a la mesa de todos los chilenos.