Hacerse cargo del miembro de la familia

Por Anita Jans, Gerente Aproleche Osorno.

Por años, las comunidades rurales del sur de Chile han debido convivir con una realidad que muchas veces permanece invisible para quienes viven lejos del campo: los ataques de perros de libre circulación. Estos no sólo significan pérdidas económicas y daño a la actividad productiva, sino que representan una amenaza para la seguridad de las personas, el bienestar animal, y la tranquilidad de miles de familias que viven y trabajan en sectores rurales.

Las imágenes que circulan tras cada ataque, reflejan la magnitud de un problema que no puede seguir siendo minimizado. Según antecedentes del SAG y del estudio de Bonacic y colaboradores (2026), el 29% de la depredación del ganado en Chile corresponde a ataques de perros, afectando a más de 10.500 animales, mientras que la Región de Los Lagos concentra cerca del 40% de estos casos.

Sin embargo, estas cifras probablemente están subvaloradas. Muchas situaciones nunca se denuncian debido a la percepción de que no existen respuestas oportunas o efectivas. Esto ha generado un círculo difícil de romper: se denuncia poco porque no se observan resultados por parte de las autoridades y al mismo tiempo, éstas sostienen que no existen suficientes denuncias para actuar.

Pero sería un error pensar que este es un problema exclusivo del mundo rural o de quienes desarrollan actividades agropecuarias. Estamos frente a un desafío que involucra a toda la sociedad.

Sabemos que para muchas personas los perros son parte de la familia y, justamente por eso, hacerse cargo de ellos también es una forma de quererlos. La tenencia responsable implica alimentación, cuidados veterinarios, identificación, esterilización cuando corresponde y sobre todo, evitar que los animales circulen sin supervisión. Es un compromiso con el bienestar de los propios perros, con la seguridad de las personas y con el cuidado de las comunidades.

En este contexto, recientemente participamos en una sesión de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, instancia en la que se abordó esta problemática y la necesidad de avanzar en soluciones concretas. Valoramos que se haya incorporado explícitamente el impacto de los ataques de perros al ganado dentro de la discusión legislativa, reconociendo una realidad que por años ha permanecido insuficientemente visibilizada.

Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Es necesario fortalecer la educación en tenencia responsable, ampliar las campañas de esterilización, perfeccionar los mecanismos de control, y establecer protocolos claros de denuncia y respuesta. Del mismo modo, resulta fundamental revisar las herramientas disponibles para enfrentar situaciones donde existan animales involucrados reiteradamente en ataques, resguardando tanto el bienestar animal, como la seguridad de las personas y de otras especies.

Porque este no es un problema que pueda resolver un sólo sector. Requiere diálogo, voluntad y coordinación. Es importante que autoridades, servicios públicos, municipios, parlamentarios, organizaciones no gubernamentales, gremios y comunidades, podamos alcanzar acuerdos que permitan compatibilizar el bienestar animal, con la seguridad de las personas, la protección de la fauna y el resguardo de quienes viven y trabajan en el mundo rural. Sólo así podremos avanzar hacia una convivencia más responsable y segura para todos.